La Asamblea Nacional (AN) tiene previsto incluir en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) la estafa inmobiliaria como un delito, con el fin de que sean sancionadas las constructoras que incurran en una falta con mayor severidad, informó el diputado Tito Oviedo, miembro de la Comisión de Administración y Servicios del parlamento.
"Vamos a ser rigurosos en la exigencia de que las empresas cumplan con una serie de requisitos para iniciar las promociones (venta de viviendas) y vamos a penalizar muy fuerte a quienes las incumplan", dijo el parlamentario.
Indicó que dentro de esta normativa legal está expresamente señalado que el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no podrá cobrarse.
"Los contratos de la compra-venta serán regidos por el órgano competente del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que será creado para que se atienda la actividad de la construcción y la permisería, a fin de que una empresa comience con las edificaciones", explicó.
Oviedo agregó que ahora estas empresas deben tener un aval económico de lo que se pretende construir, "para que el comprador y el Estado estén seguros de que ese empresario pueda cumplir con la entrega de las viviendas en el tiempo estipulado en el contrato".
Esta ley no sólo regulará a las empresas constructoras sino también a quienes las comercializan, las promueven y a las entidades bancarias que financian a estas compañías.
Recordó que la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional aprobó el informe para la segunda discusión en plenaria de la Ley contra las Estafas Inmobiliarias.
"Vamos a ser rigurosos en la exigencia de que las empresas cumplan con una serie de requisitos para iniciar las promociones (venta de viviendas) y vamos a penalizar muy fuerte a quienes las incumplan", dijo el parlamentario.Indicó que dentro de esta normativa legal está expresamente señalado que el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no podrá cobrarse.
"Los contratos de la compra-venta serán regidos por el órgano competente del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que será creado para que se atienda la actividad de la construcción y la permisería, a fin de que una empresa comience con las edificaciones", explicó.
Oviedo agregó que ahora estas empresas deben tener un aval económico de lo que se pretende construir, "para que el comprador y el Estado estén seguros de que ese empresario pueda cumplir con la entrega de las viviendas en el tiempo estipulado en el contrato".
Esta ley no sólo regulará a las empresas constructoras sino también a quienes las comercializan, las promueven y a las entidades bancarias que financian a estas compañías.
Recordó que la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional aprobó el informe para la segunda discusión en plenaria de la Ley contra las Estafas Inmobiliarias.
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