Urbanismos intervenidos deben concluirse según proyecto original de constructores

El ministerio de Vivienda y Hábitat publicó las condiciones para la culminación de los urbanismos sobre los cuales el Estado venezolano ha dictado medidas de ocupación, por estar relacionados con estafas inmobiliarias. El documento procura que los desarrollos habitacionales se culminen en cumplimiento del proyecto original, con cronogramas previamente establecidos y en beneficio de sus compradores legítimos, respetando los contratos iniciales. La resolución 162 del despacho dirigido por Ricardo Molina, publicada en la Gaceta Oficial 39.777 de fecha 13 de este mes, establece las pautas a seguir por los beneficiarios o compradores de las viviendas, por los constructores, por la banca y por las juntas administradoras constituidas en cada urbanismo. Las juntas administradoras tienen entre sus funciones velar por el cumplimiento del cronograma de ejecución física y financiera de la obra, que les suministren la constructora y el banco, y presentarlos a las comunidades, con quienes deben reunirse cada 15 días a objeto de informar los avances del proyecto. Estas juntas son las que administran las cuentas bancarias de las empresas inmobiliarias que tienen medidas de ocupación y operatividad temporal, dictadas por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis). También tienen que garantizar que se respeten los precios y características del inmueble establecidos en los contratos iniciales suscritos entre la constructora y los compradores. Una vez terminadas las viviendas, deben protocolizar o formalizar la venta ante sus legítimos adquirientes. La banca, además, tiene que financiar la culminación de las obras, procesar la aprobación de los créditos hipotecarios a largo plazo en un tiempo mínimo, y eliminar el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador que solía utilizarse para ajustar los precios de los inmuebles según la inflación, pero que fue declarado ilegal en 2008. El 6 de mayo de 2011, la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) firmó un acta compromiso con el Gobierno, para garantizar los recursos que permitan concluir las obras de 57 urbanismos intervenidos, que sumaban 23.425 viviendas. Los constructores encargados de esto deben, según la resolución del ministerio, reintegrar el dinero cobrado por concepto de IPC. Por su parte, los beneficiarios o compradores tienen que organizarse para ejercer la contraloría social que garantice la ejecución de las obras. AVN