San Félix.- Sanciones administrativas, penales y morales; así como una indemnización para los afectados son los principales ejes que plantea el proyecto de ley contra el silencio y el olvido.El instrumento legal cuyo nombre completo es Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, se sometió ayer a la consulta pública en el auditorio de la Alcaldía de Caroní.
El texto legal, que fue aprobado en primera discusión el pasado 21 de junio; y por segunda vez fue debatido en mesas de trabajo con la participación de consejos comunales de la ciudad, víctimas directas e indirectas de lo que denominaron “terrorismo de Estado”.
Una de las principales promotoras de este instrumento es, Elías Oliveros, esposa de Carlos Arzola, quien fue una de las 23 víctimas de lo que se conoce como la Masacre de Cantaura.
Se debe recordar que en octubre de 1982, ocurrió un ataque por parte de las Fuerzas Armadas contra una concentración de guerrilleros del Frente Américo Silva, frente armado del Partido Bandera Roja, que planificaba una operación política militar en Cantaura, estado Anzoátegui.
El hecho se conoció en las páginas de la historia política venezolana como “La Masacre de Cantaura”. El grupo era compuesto por cerca de 41 guerrilleros, 23 guerrilleros murieron, algunos de ellos presuntamente que no perecieron luego fueron acribilladas o rematadas por los organismos de seguridad del Estado.
La actuación de los funcionarios de la Disip, el DIM y de los cuerpos de élite de los batallones de cazadores, se conoció como una grave violación de los derechos humanos. Y sería, Alejandro Velásquez Guerra, único sobreviviente que más tarde narraría lo sucedido en el sitio.
“Queremos sacar a la luz pública lo que intentaron invisibilizar y que es parte de ese terrorismo de Estado. Buscamos dejar atrás la indiferencia a quienes han marcado historia en el país y que se impongan las sanciones administrativas, penales y morales que correspondan”, explicó Oliveros.
“La espera es larga y, por ahora, sin resultados. Ya no hay lágrimas, pero sí mucho dolor. No hay rencor, no piden revancha, tampoco hay odio ni exigen venganza, sino sed de justicia”, expone un artículo del diario creado por los familiares de las víctimas denominado “Testimonios”.
Algunos de los nombres que afirmaron esperan justicia son el caso de Jorge Rodríguez, padre del actual alcalde de Libertador en Caracas, y el pasado 25 de julio se conmemoró 35 años de su asesinato.
Rodríguez, era dirigente de la extinta Liga Socialista, muerto por torturas a manos de la policía durante el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez. La historia apunta que fue detenido por la Dirección General de Policía (Digepol) el domingo 25 de julio de 1976 y trasladado a un paraje solitario de la carretera Panamericana, donde fue torturado.
Fondo
La diputada por el PSUV, Liris Sol Velásquez, miembro de la comisión de familia en la Asamblea Nacional, argumentó que la apertura e investigación de todos estos casos va de la mano del Frente Venezolano de Familiares y Amigos de Torturados, Asesinados y Desaparecidos por razones políticas durante el período 1958-1998.
Dicha comisión, junto a otras como la Asociación Bolivariana contra el Silencio y el Olvido (Abconsol), Fundación de Derechos Humanos sección Venezuela (Dehuve) ya viene trabajando con la Fiscal del Ministerio Público en las investigaciones.
“Buscamos afinar detalles para su posterior aprobación en segunda discusión para el segundo periodo legislativo de este que apertura en septiembre. La fecha que tenemos es 18 de octubre, que es el día de la muerte del camarada Alberto Lovera” indicó la parlamentaria.
Con el instrumento plantean “la exhumación de los cadáveres, buscar los culpables pero también establecer una indemnización para algunos compañeros, sobre todo quienes alcanzaron la tercera edad y que están en estado de vulnerabilidad más allá de lo moral, para ello debe crearse un fondo que les ayude por ejemplo en la adquisición de medicinas”, puntualizó Velásquez.
La agenda
Medios nacionales informaron que las próximas consultas serán el “6 Nueva Esparta; 7 Anzoátegui; 13 de agosto en Aragua, Apure, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Táchira, Yaracuy, Vargas y Zulia. Y el 14 en Barinas, Monagas, y Trujillo”.
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